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    LEY 4/1989 DE CONSERVACION DE LOS ESPACIOS NATURALES

    LEY 4/1989, DE 27 DE MARZO, DE
    CONSERVACION DE LOS ESPACIOS NATURALES
    Y DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRE.

    TITULO I: Disposiciones generales

    1. Es objeto de la presente Ley,en cumplimiento del artículo 45.2 y conforme a lo dispuesto en el
    artículo 149.1.23 de la Constitución, el establecimiento de normas de protección, conservación,
    restauración y mejora de los recursos naturales y, en particular, las relativas a los espacios
    naturales y a la flora y fauna silvestres.
    2. 1. Son principios inspiradores de la presente Ley los siguientes:
    a. El mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas vitales
    básicos.
    b. La preservación de la diversidad genética.
    c. La utilización ordenada de los recursos, garantizando el aprovechamiento sostenido de
    las especies y de los ecosistemas, su restauración y mejora.
    d. La preservación de la variedad, singularidad y belleza de los ecosistemas naturales y
    del paisaje.
    2. Las Administraciones competentes garantizarán que la gestión de los recursos naturales se
    produzca con los mayores beneficios para las generaciones actuales, sin merma de su
    potencialidad para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras.
    3.Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias velarán por el
    mantenimiento y conservación de los recursos naturales existentes en todo el territorio nacional,
    con independencia de su titularidad o régimen jurídico, atendiendo a su ordenado
    aprovechamiento y a la restauración de sus recursos renovables.
    4. Las Administraciones competentes promoverán la formación de la población escolar en
    materia de conservación de la naturaleza, incluyendo su estudio en los programas de los
    diferentes niveles educativos, así como la realización de proyectos educativos y científicos, todo
    ello en orden a fomentar el conocimiento de la naturaleza y la necesidad de su conservación.
    4. Las actividades encaminadas al logro de las finalidades contempladas en los preceptos de esta
    Ley podrán ser declaradas de utilidad pública o interés social, a todos los efectos y en particular
    a los expropiatorios, respecto de los bienes y derechos que puedan resultar afectados.

    TITULO II Del planeamiento de los recursos naturales

    4. 1. Con la finalidad de adecuar la gestión de los recursos naturales, y en especial de los espacios
    naturales y de las especies a proteger, a los principios inspiradores señalados en el artículo 2 de
    la presente Ley, las Administraciones Públicas competentes planificarán los recursos naturales.
    Las determinaciones de esa planificación tendrán los efectos previstos en la presente Ley.
    2. Como instrumento de esa planificación se configuran los Planes de Ordenación de los
    Recursos Naturales que con independencia de su denominación, tendrán los objetivos y
    contenido establecidos en los apartados siguientes.
    3. Son objetivos de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales los siguientes:
    a. Definir y señalar el estado de conservación de los recursos y ecosistemas en el ámbito
    territorial de que se trate.
    b. Determinar las limitaciones que deban establecerse a la vista del estado de
    conservación.
    c. Señalar los regímenes de protección que procedan.
    d. Promover la aplicación de medidas de conservación, restauración y mejora de los
    recursos naturales que lo precisen.
    e. Formular los criterios orientadores de las políticas sectoriales y ordenadores de las
    actividades económicas y sociales, públicas y privadas, para que sean compatibles con
    las exigencias señaladas.
    4. Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales tendrán como mínimo el siguiente
    contenido:
    f. Delimitación del ámbito territorial objeto de ordenación descripción e interpretación de
    sus características físicas y biológicas.
    g. Definición del estado de conservación de los recursos naturales, los ecosistemas y los
    paisajes que integran el ámbito territorial en cuestión, formulando un diagnóstico del
    mismo y una previsión de su evolución futura.
    h. Dete rminación de las limitaciones generales y específicas que respecto de los usos y
    actividades hayan de establecerse en función de la conservación de los espacios y
    especies a proteger, con especificación de las distintas zonas en su caso.
    i. Aplicación, en su caso, de alguno de los regímenes de protección establecidos en los
    títulos III y IV.
    j. Concreción de aquellas actividades, obras o instalaciones públicas o privadas a las que
    deba aplicárseles el régimen de evaluación previsto en el Real Decreto Legislativo
    1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.
    k. Establecimiento de criterios de referencia orientadores en la formulación y ejecución de
    las diversas políticas sectoriales que inciden en el ámbito territorial a que se refiere el
    apartado 4.3.e).
    6. 1. Los efectos de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales tendrán el alcance que
    establezcan sus propias normas de aprobación.
    2. Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales a que se refiere el artículo anterior serán
    obligatorios y ejecutivos en las materias reguladas por la presente Ley, constituyendo sus
    disposiciones un límite para cualesquiera otros instrumentos de ordenación territorial o física,
    cuyas determinaciones no podrán alterar o modificar dichas disposiciones.
    Los instrumentos de ordenación territorial o física existentes que resulten contradictorios con los
    Planes de Ordenación de los Recursos Naturales deberán adaptarse a éstos. Entre tanto dicha
    adaptación no tenga lugar, las determinaciones de los Planes de Ordenación de los Recursos
    Naturales se aplicarán, en todo caso, prevaleciendo sobre los instrumentos de ordenación
    territorial o física existentes.
    3. Asimismo, los citados Planes tendrán carácter indicativo respecto de cualesquiera otras
    actuaciones, planes o programas sectoriales y sus determinaciones se aplicarán
    subsidiariamente, sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior.
    7. El procedimiento de elaboración de los Planes incluirá necesariamente trámites de audiencia a
    los interesados, información pública y consulta de los intereses sociales e institucionales
    afectados y de las asociaciones que persigan el logro de los principios del artículo 2 de la
    presente Ley.
    7. 1. Durante la tramitación de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales no podrán
    realizarse actos que supongan una transformación sensible de la realidad física y biológica que
    pueda llegar a hacer imposible o dificultar de forma importante la consecución de los objetivos
    de dicho Plan.
    2. Iniciado el procedimiento de aprobación de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
    y hasta que ésta se produzca no podrá otorgarse ninguna autorización, licencia o concesión que
    habilite para la realización de actos de transformación de la realidad física y biológica, sin
    informe favorable de la Administración actuante. Este informe sólo podrá ser negativo cuando
    en el acto pretendido concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el número anterior.
    3. El informe a que se refiere el apartado anterior deberá ser sustanciado por la Administración
    actuante en un plazo máximo de noventa días.
    8. 1. Reglamentariamente se aprobarán por el Gobierno directrices para la Ordenación de los
    Recursos Naturales, a las que, en todo caso, deberán ajustarse los Planes de Ordenación de los
    Recursos Naturales que aprueben las Comunidades Autónomas.
    2. Es objeto de las directrices el establecimiento y definición de criterios y normas generales de
    carácter básico que regulan la gestión y uso de los recursos naturales, de acuerdo con lo
    establecido por la presente Ley.

    TITULO III De la protección de los espacios naturales

    CAPITULO PRIMERO
    Disposiciones generales
    9. 1. La utilización del suelo con fines agrícolas, forestales y ganaderos deberá orientarse al
    mantenimiento del potencial biológico y capacidad productiva del mismo, con respeto a los
    ecosistemas del entorno.
    2. La acción de las Administraciones Públicas en materia forestal se orientará a lograr la
    protección, restauración, mejora y ordenado aprovechamiento de los montes, cualquiera que
    sea su titularidad, y su gestión técnica deberá ser acorde con sus características legales,
    ecológicas, forestales y socioeconómicas, prevaleciendo en todo caso elinterés público sobre el
    privado.
    3. La planificación hidrológica deberá prever en cada cuenca hidrográfica las necesidades y
    requisitos para la conservación y restauración de los espacios naturales en ella existentes, y en
    particular de las zonas húmedas.
    CAPITULO II
    De los espacios naturales protegidos
    10. 1. Aquellos espacios del territorio nacional, incluidas las aguas continentales, y los espacios
    marítimos sujetos a la jurisdicción nacional, incluidas la zona económica exclusiva y la
    plataformacontinental, que contengan elementos y sistemas naturales de especial interés o
    valores naturales sobresalientes, podrán ser declarados protegidos de acuerdo con lo regulado
    en esta Ley.
    2. La protección de estos espacios podrá obedecer, entre otras a las siguientes finalidades:
    1. Constituir una red representativa de los principales ecosistemas y regiones naturales
    existentes en el territorio nacional.
    2. Proteger aquellas áreas y elementos naturales que ofrezcan un interés singular desde
    el punto de vista científico, cultural, educativo, estético, paisajístico y recreativo.
    3. Contribuir a la supervivencia de comunidades o especies necesitadas de protección,
    mediante la conservación de sus hábitats.
    4. Colaborar en programas internacionales de conservación de espacios naturales y de
    vida silvestre, de los que España sea parte.
    3. La declaración de un espacio como protegido lleva aparejada la de utilidad pública, a efectos
    expropiatorios de los bienes y derechos afectados, y la facultad de la Administración competente
    para el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, en las transmisiones onerosas intervivos
    de terrenos situados en el interior del mismo.
    A los efectos del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, por el transmitente se notificarán
    fehacientemente a la Administración actuante las condiciones esenciales de la transmisión
    pretendida y, en su caso, copia fehaciente de la escritura pública en que haya sido
    instrumentada la citada transmisión. El derecho de tanteo podrá ejercerse en el plazo de tres
    meses y el de retracto en el de un año, ambos a contar desde la correspondiente notificación,
    que deberá efectuarse en todo caso y será requisito necesario para inscribir la transmisión en el
    Registro de la Propiedad.
    12. Las normas reguladoras de los espacios naturales protegidos determinarán los instrumentos
    jurídicos, financieros y materiales que se consideren precisos para cumplir eficazmente los fines
    perseguidos con su declaración.
    12. En función de los bienes y valores a proteger, los espacios naturales protegidos se clasificarán
    en algunas de las siguientes categorías:
    a. Parques.
    b. Reservas Naturales.
    c. Monumentos Naturales.
    d. Paisajes Protegidos.
    13. 1. Los Parques son áreas naturales, poco transformadas por la explotación u ocupación humana
    que, en razón a la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la
    singularidad de su flora, de su fauna o de sus formaciones geomorfológicas, poseen unos
    valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya conservación merece una atención
    preferente.
    2. En los Parques se podrá limitar el aprovechamiento de los recursos naturales, prohibiéndose en todo
    caso los incompatibles con las finalidades que hayan justificado su creación. 3. En los Parques se
    facilitará la entrada de visitantes con las limitaciones precisas para garantizar la protección de aquéllos.
    14. 1. Las Reservas Naturales son espacios naturales cuya creación tiene como finalidad la
    protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos que por su rareza, fragilidad,
    importancia o singularidad merecen una valoracion especial.
    2. En las Reservas estará limitada la explotación de recursos, salvo en aquellos casos en que esta
    explotación sea compatible con la conservación de los valores que se pretenden proteger. Con carácter
    general estará prohibida la recolección de material biológico o geológico, salvo en aquellos casos que por
    razones de investigación o educativas se permita la misma previa la pertinente autorización
    administrativa.
    15. 1. La declaración de los Parques y Reservas exigirá la previa elaboración y aprobación del
    correspondiente Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la zona.
    2. Excepcionalmente, podrán declararse Parques y Reservas sin la previa aprobación del Plan de
    Ordenación de los Recursos Naturales, cuando existan razones que lo justifiquen y que se harán constar
    expresamente en la norma que los declare. En este caso deberá tramitarse en el plazo de un año, a
    partir de la declaracion de Parque o Reserva, el correspondiente Plan de Ordenación.
    16. 1. Los Monumentos Naturales son espacios o elementos de la naturaleza constituidos
    básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto
    de una protección especial.
    2. Se considerarán también Monumentos Naturales las formaciones geológicas, los yacimientos
    paleontológicos y demás elementos de la gea que reúnan un interés especial por la singularidad o
    importancia de sus valores científicos, culturales o paisajísticos.
    17. Los Paisajes Protegidos son aquellos lugares concretos del medio natural que, por sus valores
    estéticos y culturales, sean merecedores de una protección especial.
    18. 1. En los Espacios Naturales Protegidos declarados por Ley se podrán establecer Zonas
    Periféricas de Protección destinadas a evitar impactos ecológicos o paisajísticos procedentes del
    exterior. Cuando proceda, en la propia Ley de creación, se establecerán las limitaciones
    necesarias.
    2. Con el fin de contribuir al mantenimiento de los espacios naturales protegidos y compensar
    socioeconómicamente a las poblaciones afectadas en sus disposiciones reguladoras podrán establecerse
    Areas de Influencia Socioeconómica, con especificación del régimen económico y compensación adecuada
    al tipo de limitaciones. Estas Areas estarán integradas por el conjunto de los términos municipales donde
    se encuentre ubicado el espacio natural de que se trate y su Zona Periférica de Protección.
    19. 1. Por los órganos gestores de los Parques se elaborarán Planes Rectores de Uso y Gestión, cuya
    aprobación corresponderá, en cada caso, al Gobierno de la Nación o a los órganos competentes
    de las Comunidades Autónomas. Las Administraciones competentes en materia urbanística
    informarán preceptivamente dichos Planes antes de su aprobación. En estos Planes, que serán
    periódicamente revisados, se fijarán las normas generales de uso y gestión del Parque.
    2. Los Planes Rectores prevalecerán sobre el planeamiento urbanístico. Cuando sus determinaciones sean
    incompatibles con las de la normativa urbanística en vigor, ésta se revisará de oficio por los órganos
    competentes.
    20. Para colaborar en la gestión de los Espacios Naturales Protegidos se podrán constituir, como
    órganos de participación, Patronatos o Juntas Rectoras, cuya composición y funciones se
    determinarán en sus disposiciones reguladoras.
    CAPITULO III
    Competencias administrativas
    21. 1. La declaración y gestión de los Parques, Reservas Naturales, Monumentos Naturales y
    Paisajes Protegidos corresponderá a las Comunidades Autónomas en cuyo ámbito territorial se
    encuentren ubicados, sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo siguiente.
    2. Las Comunidades Autónomas con competencia exclusiva en materia de espacios naturales protegidos,
    y con competencia para dictar normas adicionales de protección en materia de medio ambiente, podrán
    establecer, además de las figuras previstas en los artículos anteriores, otras diferentes regulando sus
    correspondientes medidas de protección. 3. La declaración y gestión de los espacios naturales protegidos
    a que se refiere el capítulo anterior corresponderá al Estado cuando tengan por objeto la protección de
    bienes de los señalados en el artículo 3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 4. Asimismo,
    corresponderá al Estado la declaración de los espacios naturales protegidos cuando éstos estén situados
    en el territorio de dos o más Comunidades Autónomas. En este supuesto, se convendrá entre el Estado y
    las Comunidades Autónomas afectadas las modalidades de participación de cada Administración en la
    gestión del espacio natural de que se trate, correspondiendo al Estado la coordinación de dicha gestión y,
    en su caso, la presidencia del órgano de participación previsto en el artículo 20 de esta Ley.

    CAPITULO IV De los Parques Nacionales

    22. 1. Son Parques Nacionales aquellos espacios que, siendo susceptibles de ser declarados como
    Parques por Ley de las Cortes Generales, se declare su conservación de interés general de la
    Nación con la atribución al Estado de su gestión y la correspondiente asignación de recursos
    presupuestarios.
    2. La declaración como de interés general de la Nación se apreciará en razón a que el espacio sea
    representativo de alguno de los principales sistemas naturales españoles que se citan en el anexo de la
    presente Ley, configurándose para su mejor conservación la Red de Parques Nacionales integrada por la
    totalidad de los que sean declarados. 3. Las Comunidades Autónomas podrán proponer al Estado la
    declaración como Parque Nacional de un espacio natural cuando se cumplan los requisitos establecidos
    en el artículo 13.1 y se aprecie que su declaración es de interés general de la Nación.
    23. Para colaborar en la gestión de los Parques Nacionales se constituirá un Patronato para cada uno
    de ellos en el que participarán los intereses implicados y, en todo caso, estarán representadas,
    además de la propia Administración del Estado, las Administraciones Públicas Territoriales,
    Institucionales, Corporaciones y las Asociaciones cuyos fines concuerden con los principios
    inspiradores de la presente Ley. Serán funciones de estos Patronatos el asesoramiento,
    promoción, seguimiento y control de los Parques, y en particular:
    a. Velar por el cumplimiento de las normas establecidas.
    b. Promover y realizar cuantas gestiones considere oportunas en favor del espacio
    protegido.
    c. Informar el Plan Rector de Uso y Gestión y sus subsiguientes revisiones.
    d. Aprobar la Memoria Anual de Actividades y Resultados, proponiendo las medidas que
    considere necesarias para corregir disfunciones o mejorar la gestión.
    e. Informar los Planes Anuales de Trabajo a realizar.
    f. Informar los proyectos y propuestas de obras y trabajos que se pretendan realizar, no
    contenidos en el Plan Rector o en el Plan Anual de Trabajos.
    g. Informar los proyectos de actuación a realizar en el Area de Influencia Socioeconómica,
    estableciendo sus criterios de prioridad.

    CAPITULO V De los espacios naturales sometidos a régimen de protección preventiva

    24. Cuando de las informaciones obtenidas por la Administración competente se dedujera la
    existencia de una zona bien conservada, amenazada por un factor de perturbación que
    potencialmente pudiera alterar tal estado, o cuando iniciada la tramitación de un Plan de
    Ordenación de los Recursos Naturales, de la definición y diagnóstico previstos en el artículo
    4.4.b), se dedujera esa misma circunstancia, se establecerá un régimen de protección
    preventiva consistente en:
    a. La obligación de los titulares de los terrenos de facilitar información y acceso a los
    representantes de la Administración competente, con el fin de verificar la existencia de
    factores de perturbación.
    b. En el caso de confirmarse la presencia de factores de perturbación en la zona que
    amenacen potencialmente su estado:
    1. Se iniciará de inmediato el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Zona, de no estar ya
    iniciado.
    2. Sin perjuicio de la adopción de las medidas previstas en el artículo 7 de la presente Ley, se aplicarán,
    en su caso, algunos de los regímenes de protección previstos en el presente título, previo cumplimiento
    del trámite de audiencia a los interesados, información pública y consulta a las Administraciones
    afectadas.
    25. Por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con la información suministrada por las
    Comunidades Autónomas en cuyo territorio se encuentren, se elaborará y se mantendrá
    permanentemente actualizado un Inventario Nacional de Zonas Húmedas, a fin de conocer su
    evolución y, en su caso, indicar las medidas de protección que deben recoger los planes
    hidrológicos de cuencas.
    TITULO IV
    De la flora y fauna silvestres
    CAPITULO I
    Disposiciones generales
    26. 1. Las Administraciones Públicas adoptarán las medidas necesarias para garantizar la
    conservación de las especies, de la flora y la fauna que viven en estado silvestre en el territorio
    español, con especial atención a las especies autóctonas.
    2. Se atenderá preferentemente a la preservación de sus hábitats y se establecerán regímenes
    específicos de protección para las especies, comunidades y poblaciones cuya situación así lo requiera,
    incluyéndolas en alguna de las categorías mencionadas en el articulo 29 de la presente Ley. 3. Las
    Administraciones competentes velarán por preservar, mantener y restablecer superficies de suficiente
    amplitud y diversidad como hábitats para las especies de animales y plantas silvestres no comprendidas
    en el apartado anterior. 4. Queda prohibido dar muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a
    los animales silvestres, y especialmente los comprendidos en alguna de las categorias enunciadas en el
    artículo 29, incluyendo su captura en vivo y la recolección de sus huevos o crías, así como alterar y
    destruir la vegetación. En relación a los mismos quedan igualmente prohibidos la posesión, tráfico y
    comercio de ejemplares vivos o muertos o de sus restos, incluyendo el comercio exterior.
    27. La actuación de las Administraciones Públicas en favor de la preservación de la diversidad
    genética del patrimonio ral se basará principalmente en los siguientes criterios:
    a. Dar preferencia a las medidas de conservación y preservación en el hábitat natural de
    cada especie, considerando la posibilidad de establecer medidas complementarias fuera
    del mismo.
    b. Evitar la introducción y proliferación de especies, subespecies o razas geográficas
    distintas a las autóctonas, en la medida que puedan competir con éstas, alterar su
    pureza genética o los equilibrios ecológicos.
    c. Conceder prioridad a las especies y subespecies endémicas, asi como a aquellas otras
    cuya área de distribución sea muy limitada y a las migratorias.
    28. 1. Para las especies de animales y plantas silvestres no comprendidas en alguna de las
    categorias del artículo 29 no serán de aplicación las prohibiciones previstas en el artículo 26.4
    cuando se trate de supuestos con regulación específica en la legislación de montes, caza o pesca
    continental, y sin perjuicio de lo establecido en el capítulo III del presente título.
    2. Podrán quedar sin efecto las prohibiciones del artículo 26.4, previa autorización administrativa del
    órgano competente, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
    a. Si de su aplicación se derivaran efectos perjudiciales para la salud y seguridad de las
    personas.
    b. Cuando de su aplicación se derivaran efectos perjudiciales para especies protegidas.
    c. Para prevenir perjuicios importantes a los cultivos, el ganado, los bosques, la caza, la
    pesca y la calidad de las aguas.
    d. Cuando sea necesario por razón de investigación, educación, repoblación o
    reintroducción, o cuando se precise para la cría en cautividad.
    e. Para prevenir accidentes en relación con la seguridad aérea.
    3. La autorización administrativa a que se refiere el apartado anterior deberá ser motivada y especificar:
    a. Las especies a que se refiera.
    b. Los medios, los sistemas o métodos a emplear y sus límites, asi como el personal
    cualificado, en su caso.
    c. Las condiciones de riesgo y las circunstancias de tiempo y lugar.
    d. Los controles que se ejercerán, en su caso.
    e. El objetivo o razón de la acción.
    4. Cuando la autorización se conceda por razón de investigación, la decisión pertinente se adoptará
    teniendo en cuenta los criterios que fije la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología de acuerdo
    con el informe emitido sobre los mismos por el Consejo General de la Ciencia y la Tecnología. 5. Si por
    razones de urgencia no pudiera obtenerse la previa autorización administrativa, en cualquiera de los
    supuestos del apartado 2, se dará cuenta inmediata de la actuación realizada al órgano competente, que
    abrirá expediente administrativo a fin de determinar la urgencia alegada.
    CAPITULO II
    CAPITULO II
    De la catalogación de especies amenazadas
    29. La determinación de los animales o plantas cuya protección exija medidas especificas por parte
    de las Administraciones Públicas se realizará mediante su inclusión en los catálogos a que hacer
    referencia el artículo 30. A estos efectos, las especies, subespecies o poblaciones que se
    incluyan en dichos catálogos deberán ser clasificadas en alguna de las siguientes categorias:
    a. En peligro de extinción, reservada para aquellas cuya supervivencia es poco probable si
    los factores causales de su actual situación siguen actuando.
    b. Sensibles a la alteración de su hábitat, referida a aquellas cuyo hábitat caracteristico
    está particularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado o muy limitado.
    c. Vulnerables, destinada a aquellas que corren el riesgo de pasar a las categorías
    anteriores en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no
    son corregidos.
    d. De interés especial, en la que se podrán incluir las que, sin estar contempladas en
    ninguna de las precedentes, sean merecedoras de una atención particular en función de
    su valor científico, ecológico, cultural por su singularidad.
    30. 1. Dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con carácter administrativo y
    ámbito estatal, se crea el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, que se instrumentará
    reglamentariamente, en el que se incluirán las especies, subespecies y poblaciones clasificadas
    en las categorías previstas en el artículo 29 de la presente Ley, sobre la base de los datos de
    que pueda disponer el Estado o de los que facilitarán las Comunidades Autónomas.
    2. Las Comunidades Autónomas, en sus respectivos ámbitos territoriales, podrán establecer,
    asimismo, catálogos de especies amenazadas.
    31. 1. La inclusión en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas de una especie o población en
    las categorías de «en peligro de extinción» o «sensible a la alteración de su hábitat» conlleva las
    siguientes prohibiciones genéricas:
    a. Tratándose de plantas, la de cualquier actuación no autorizada que se lleve a cabo con el
    propósito de destruirlas, mutilarlas, cortarlas o arrancarlas, así como la recolección de sus
    semillas, polen o esporas.
    b. Tratándose de animales, incluidas sus larvas o crías, o huevos, la de cualquier actuación no
    autorizada hecha con el propósito de darles muerte, capturarlos, perseguirlos o molestarlos, así
    como la destrucción de sus nidos, vivares y áreas de reproducción, invemada o reposo.
    c. En ambos casos, la de poseer, naturalizar, transportar, vender, exponer para la venta, importar
    o exportar ejemplares vivos o muertos, así como sus propágulos o restos, salvo en los casos
    que reglamentariamente se determinen.
    2. La catalogación de una especie, subespecie o población en la categoría «en peligro de extinción»
    exigirá la redacción de un Plan de Recuperación para la misma, en el que se definirán las medidas
    necesarias para eliminar tal peligro de extinción. 3. La catalogación de una especie, subespecie o
    población en la categoria de «sensible a la alteración de su hábitat» exigirá la redacción de un Plan de
    Conservación del Hábitat. 4. La catalogación de una especie, subespecie o población en la categoría de
    «vulnerable» exigirá la redacción de un Plan de Conservación y, en su caso, la protección de su hábitat.
    5. La catalogación de una especie, subespecie o población en la categoría de «interés especial» exigirá la
    redacción de un Plan de Manejo que determine las medidas necesarias para mantener las poblaciones en
    un nivel adecuado. 6. Corresponde a las Comunidades Autónomas la elaboración y aprobación de los
    Planes de Recuperación, Conservación y Manejo, que incluirán, en su caso, entre sus determinaciones la
    aplicación de alguna de las figuras de protección contempladas en el título III de la presente Ley, referida
    a la totalidad o a una parte del hábitat en que vive la especie, subespecie o población.
    32. Las Comunidades Autónomas con competencia en la materia podrán establecer, además de las
    categorías de especies amenazadas relacionadas en el artículo 29 de esta Ley, otras específicas,
    determinando las prohibiciones y actuaciones que se consideren necesarias para su
    preservación.
    CAPITULO III
    De la protección de las especies en relación con la caza y la pesca continental
    33. 1. La caza y la pesca en aguas continentales sólo podrá realizarse sobre las especies que
    reglamentariamente se declaren como piezas de caza o pesca, declaración que en ningún caso
    podrá afectar a especies catalogadas.
    2. En todo caso, el ejercicio de la caza y la pesca continental se regulará de modo que queden
    garantizados la conservación y el fomento de las especies autorizadas para este ejercicio, a cuyos efectos
    la Administración competente determinará los terrenos y las aguas donde puedan realizarse tales
    actividades, así como las fechas hábiles para cada especie. 3. Todo aprovechamiento cinegético y
    acuícola en terrenos acotados al efecto deberá hacerse por el titular del derecho, de forma ordenada y
    conforme al plan técnico justificativo de la cuantia y modalidades de las capturas a realizar, con el fin de
    proteger y fomentar la riqueza cinegética y acuícola. 4. El contenido y aprobación de los planes técnicos
    se ajustarán a las normas y requisitos que a tal efecto establezcan las Comunidades Autónomas y, en su
    caso, a los Planes de Ordenación de Recursos de la zona cuando existan.
    34. Con carácter general se establecen las siguientes determinaciones relacionadas con la actividad
    cinegética y acuícola, en su caso:
    a. Salvo en las circunstancias y condiciones excepcionales enumeradas en el artículo 28.2
    de la presente Ley quedan prohibidas la tenencia, utilización y comercialización de
    todos los procedimientos masivos o no selectivos para la captura o muerte de animales,
    en particular venenos o trampas, así como de aquellos que puedan causar localmente
    la desaparición o turbar gravemente la tranquilidad de las poblaciones de una especie.
    b. Queda igualmente prohibido con carácter general el ejercicio de la caza durante las
    épocas de celo, reproducción y crianza, así como durante su trayecto de regreso hacia
    los lugares de cría en el caso de las especies migratorias.
    c. Sólo podrán ser objeto de comercialización, en vivo o en muerto, las especies que
    reglamentariamente se determinen.
    d. Se podrán establecer moratorias temporales o prohibiciones especiales cuando razones
    de orden biológico lo aconsejen.
    e. Queda sometido al régimen de autorización administrativa la introducción de especies
    alóctonas o autóctonas, así como la reintroducción de las extinguidas, a fin de
    garantizar la conservación de la diversidad genética.
    f. Los cercados y vallados de terrenos cinegéticos deberán construirse de forma tal que
    no impidan la circulación de la fauna silvestre no cinegética.
    La superficie y la forma del cercado deberán evitar los riesgos de endogamia en las especies cinegéticas.
    35. 1. Para el ejercicio de la caza y de la pesca será requisito necesario la acreditación, mediante el
    correspondiente examen, de la aptitud y conocimiento preciso de las materias relacionadas con
    dichas actividades, conforme a lo que reglamentariamente se determine.
    2. La superación del citado examen habilitará a los interesados para la obtención de las correspondientes
    licencias de caza o pesca, que expedirán los órganos competentes de las Comunidades Autónomas y que
    serán válidas para el ámbito territorial de cada una de ellas. 3. Se crea el Censo Nacional de Caza y
    Pesca dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a fin de mantener la información
    más completa de las poblaciones, capturas y evolución genética de las especies autorizadas, en el que se
    incluirán los datos que facilitarán los órganos competentes de las Comunidades Autónomas. Con este
    objeto, los titulares de los derechos cinegéticos y piscícolas y, en general, los cazadores y pescadores, en
    su caso, vendrán obligados a suministrar la información correspondiente a los citados órganos de las
    Comunidades Autónomas. 4. Por las Comunidades Autónomas se crearán los correspondientes registros
    de infractores de caza y pesca cuyos datos deberán facilitarse al Registro Nacional de Infractores de Caza
    y Pesca, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que se crea por esta Ley. El
    certificado expedido por dicho Registro Nacional será requisito necesario para conceder, en su caso, la
    correspondiente licencia de caza o pesca.
    TITULO V
    De la cooperación y de la coordinación
    36. 1. Con el propósito de promover el logro de las finalidades establecidas en la presente Ley, se
    crea la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza, como órgano consultivo y de
    cooperación en esta materia entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Adscritos a dicho
    órganos funcionarán, entre otros, los siguientes Comités Especializados:
    órganos funcionarán, entre otros, los siguientes Comités Especializados:
    a. El Comité de Espacios Naturales Protegidos, con la finalidad de favorecer la cooperación
    entre los órganos de representación y gestión entre los diferentes espacios naturales
    protegidos.
    b. El Comité de Flora y Fauna Silvestres, con el fin de coordinar todas las actuaciones en
    esta materia, en particular las derivadas del cumplimiento de convenios internacionales
    y de la normativa comunitaria.
    c. Formarán parte de la Comisión Nacional de Protección de la Naturalez un representante
    de cada Comunidad Autónoma y el Director del Instituto Nacional para la Conservación
    de la Naturaleza, quien ejercerá su Presidencia. La Secretaría administrativa de esta
    Comisión estará adscrita al Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza.
    3. Las funciones de la Comisión se establecerán reglamentariamente, y entre otras tendrá las de
    examinar las propuestas que sus Comités especializados le eleven y las de informar preceptivamente las
    directrices para la ordenación de los recursos naturales. TITULO VI
    De las infracciones y sanciones
    37. 1. Las acciones u omisiones que infrinjan lo prevenido en la presente Ley generarán
    responsabilidad de naturaleza administrativa, sin perjuicio de la exigible en vía penal, civil o de
    otro orden en que puedan incurrir.
    2. Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que en cada caso procedan, el infractor deberá
    reparar el daño causado. La reparación tendrá como objetivo lograr, en la medida de lo posible, la
    restauración del medio natural al ser y estado previos al hecho de producirse la agresión. Asimismo, la
    Administración competente podrá subsidiariamente proceder a la reparación a costa del obligado. En todo
    caso, el infractor deberá abonar todos los daños y perjuicios ocasionados, en el plazo que, en cada caso,
    se fije en la resolución correspondiente. 3. Cuando no sea posible determinar el grado de participación de
    las distintas personas que hubiesen intervenido en la realización de la infracción, la responsabilidad será
    solidaria, sin perjuicio del derecho a repetir frente a los demás participantes, por parte de aquel o
    aquellos que hubieran hecho frente a las responsabilidades. 4. En ningún caso se producirá una doble
    sanción por los mismos hechos y en función de los mismos intereses públicos protegidos, si bien deberán
    exigirse las demás responsabilidades que se deduzcan de otros hechos o infracciones concurrentes.
    38. Sin perjuicio de lo que disponga al respecto la legislación autonómica que desarrolle estas
    normas de protección y las leyes reguladoras de determinados recursos naturales, se
    considerarán infracciones administrativas:
    Primera.- La utilización de productos químicos, sustancias biológicas, la realización de vertidos o el
    derrame de residuos que alteren las condiciones de habitabilidad de los espacios naturales protegidos con
    daño para los valores en ellos contenidos.
    Segunda.- La alteración de las condiciones de un espacio natural protegido o de los productos propios de
    él mediante ocupación, roturación, corta, arranque u otras acciones.
    Tercera.- Las acampadas en lugares prohibidos, de acuerdo con las previsiones de la presente Ley.
    Cuarta.- La emisión de ruidos que perturben la tranquilidad de las especies en espacios naturales
    protegidos.
    Quinta.- La instalación de carteles de publicidad y almacenamiento de chatarra en los espacios naturales
    protegidos y su entorno, siempre que se rompa la armonía del paisaje y se altere la perspectiva del
    campo visual.
    Sexta.- La destrucción, muerte, deterioro, recolección, comercio, captura y exposición para el comercio o
    naturalización no autorizada de especies de animales o plantas catalogadas en peligro de extinción o
    vulnerables a la alteración de su hábitat, así como la de sus propágulos o restos.
    Séptima.- La destrucción del hábitat de especies en peligro de extinción o vulnerables a la alteración de
    su hábitat, en particular del lugar de reproducción, invernada, reposo, campo o alimentación.
    Octava.- La destrucción, muerte, deterioro, recolección, comercio, captura y exposición para el comercio
    o naturalización no autorizada de especies de animales o plantas catalogadas como sensibles o de interés
    especial, así como la de propágulos o restos.
    Novena.- La destrucción del hábitat de especies sensibles y de interés especial, en particular del lugar de
    reproducción, invernada, reposo, campo o alimentación y las zonas de especial protección para la flora y
    fauna silvestres.
    Décima.- La captura, persecución injustificada de animales silvestres y el arranque y corta de plantas en
    aquellos supuestos en que sea necesaria autorización administrativa de acuerdo con la regulación
    específica de la legislación de montes, caza y pesca continental.
    Undécima.- El incumplimiento de las condiciones impuestas en las concesiones y autorizaciones
    administrativ as a que se refiere esta Ley, sin perjuicio de su caducidad, revocación o suspensión.
    Duodécima.- La ejecución, sin la debida autorización administrativa de obras, trabajos, siembras o
    plantaciones en las zonas sujetas legalmente a algún tipo de limitación en su destino o uso.
    Decimotercera.- El incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidas en esta
    Ley.
    39. 1. Las citadas infracciones serán calificadas de leves, menos graves, graves y muy graves,
    atendiendo a su repercusión, a su trascendencia por lo que respecta a la seguridad de las
    personas y bienes y a las circunstancias del responsable, su grado de malicia, participación y
    beneficio obtenido, así como a la irreversibilidad del daño o deterioro producido en la calidad del
    recurso o del bien protegido. Las infracciones anteriormente tipificadas serán sancionadas con
    las siguientes multas:
    Infracciones leves, multa de 10.000 a 100.000 pesetas.
    Infracciones menos graves, multas de 100.001 a 1.000.000 de pesetas.
    Infracciones graves, multa de 1.000.001 a 10.000.000 de pesetas.
    Infracciones muy graves, multa de 10.000.001 a 50.000.000 de pesetas. 2. En todo caso, atendiendo al
    valor natural y a la importancia del bien jurídico protegido, se calificarán como muy graves las
    infracciones comprendidas en los números 1, 6 y 7 del artículo anterior. Las faltas graves y muy graves
    conllevarán la prohibición de cazar o pescar durante un plazo máximo de diez años, y las menos graves
    hasta un plazo de un año. 3. La sanción de las infracciones leves, menos graves, graves y muy graves
    corresponderá al órgano de las Comunidades Autónomas que tenga atribuida la competencia en cada
    caso. Compete a la Administración Central la imposición de sanciones en aquellos supuestos en que la
    infracción administrativa haya recaído en ámbito y sobre materias de su competencia. 4. Podrán
    imponerse multas coercitivas, reiteradas por lapsus de tiempo que sean suficientes para cumplir lo
    ordenado, en los supuestos establecidos en el artículo 107 de la Ley de Procedimiento Administrativo, y
    cuya cuantía no excederá en cada caso de 500.000 pesetas. 5. El Gobierno podrá, mediante Real
    Decreto, proceder a la actualización de las sanciones previstas en el apartado 1 de este artículo, teniendo
    en cuenta la variación de los índices de precios al consumo.
    40. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, la
    Administración pasará el tanto de culpa al órgano jurisdiccional competente y se abstendrá de
    proseguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado.
    La sanción de la autoridad judicial excluirá la imposición de multa administrativa. De no haberse
    estimado la existencia de delito o falta, la Administración podrá continuar el expediente
    sancionador, con base, en su caso, en los hechos que la jurisdicción competente haya
    considerado probados.
    41. 1. Las infracciones administrativas contra lo dispuesto en la presente Ley prescribirán: en el
    plazo de cuatro años, las muy graves; en el de un año, las graves; en el de seis meses, las
    menos graves, y en el de dos meses, las leves.
    2. En todo lo no previsto en el presente título será de aplicación el capítulo segundo del título VI de la Ley
    de Procedimiento Administrativo.
    DISPOSICIONES ADICIONALES
    Primera. Los Parques Nacionales existentes en el territorio nacional a la entrada en vigor de esta Ley
    quedan automáticamente integrados en la Red Estatal de Parques Nacionales a que se refiere el artículo
    22.2 de la presente Ley.
    Dichos Parques Nacionales son los siguientes: Caldera de Taburiente, Doñana, Garajonay, Montaña de
    Covadonga, Ordesa y Monte Perdido, Tablas de Daimiel, Teide y Timanfaya.
    Segunda. Se amplía la lista de actividades sometidas a evaluación de impacto ambiental contenida en el
    anexo I del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, con la inclusión en la misma de las
    transformaciones de uso del suelo que impliquen eliminación de la cubierta vegetal arbustiva o arbórea y
    supongan riesgo potencial para las infraestructuras de interés general de la Nación y, en todo caso,
    cuando dichas transformaciones afecten a superficies superiores a 100 hectáreas.
    Tercera. Lo establecido en la presente Ley se entiende sin perjuicio de la aplicación directa de otras
    leyes estatales específicas reguladoras de determinados recursos naturales respecto de las que esta Ley
    se aplicará supletoriamente.
    Cuarta. Para el cumplimiento de los Tratados y Convenios internacionales de los que España sea parte,
    el Gobierno podrá establecer limitaciones temporales en relación con las actividades reguladas en la
    presente Ley, sin perjuicio de las competencias que en su caso correspondan a las Comunidades
    Autónomas.
    Quinta. Son normas básicas, a los efectos de lo previsto en el artículo 149.1.23 de la Constitución, los
    siguientes artículos y disposiciones: 1, 2, 4, 5, 6, 8 al 19, 21 al 31, 33 al 41; disposiciones adicionales
    primera, segunda, cuarta, quinta y disposición transitoria segunda.
    Sexta. 1. El Estado podrá conceder ayudas a las asociaciones sin ánimo de lucro, cuyo fin principal tenga
    por objeto la conservación de la Naturaleza, para la adquisición de terrenos o el establecimiento en ellos
    de derechos reales que contribuyan al cumplimiento de las finalidades de la presente Ley.
    2. Asimismo, se podrán conceder ayudas a los titulares de terrenos o derechos reales para la realización
    de programas de conservación cuando dichos terrenos se hallen ubicados en espacios declarados
    protegidos, o para llevar a cabo los planes de recuperación y manejo de especies, o de conservación y
    protección del hábitat previstos en el artículo 31 de esta Ley.
    Séptima.
    La Administración competente podrá autorizar la modalidad de caza de perdiz con reclamo macho en los
    lugares donde sea tradicional y con las limitaciones precisas para garantizar la conservación de la
    especie.
    DISPOSICIONES TRANSITORIAS
    Primera. La elaboración de los Planes Rectores de Uso y Gestión, a que se refiere el artículo 19.1, se
    realizará en el plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.
    Segunda. A efectos de la debida coordinación en cuanto a la aplicación de la normativa básica,
    denominación y homologación internacional, en su caso, las Comunidades Autónomas procederán a la
    reclasificación de los espacios naturales protegidos que hayan declarado conforme a su normativa y que
    se correspondan con las figuras reguladas en esta Ley, y sin perjuicio de lo establecido en su artículo
    21.2.
    DISPOSICION DEROGATORIA
    1. Quedan derogadas, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición final primera, las disposiciones
    siguientes:
    ·  Ley 15/1975, de 2 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos.
    ·  Artículo 36 de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza.
    2. Quedan igualmente derogadas las demás disposiciones de carácter general que se opongan a lo
    establecido en esta Ley.
    3. El Gobierno, en el plazo de un año, mediante Real Decreto, completará la tabla de vigencias de las
    disposiciones afectadas por la presente Ley.
    DISPOSICIONES FINALES
    Primera. Las funciones de la Administración del Estado en el mar territorial, aguas interiores, zona
    económica y plataforma continental en materia de defensa, pesca y cultivos marinos, salvamento, lucha
    contra la contaminación, seguridad de la vida humana en el mar, extracciones de restos, protección del
    patrimonio arqueológico español, investigación y explotación de recursos u otras no reguladas en la
    presente Ley, se ejercerán en la forma y por los Departamentos u Organismos que las tengan
    encomendadas a la entrada en vigor de la misma, sin perjuicio de lo establecido en la legislación
    específica o en los Convenios internacionales que en su caso sean de aplicación.
    Segunda. 1. El Gobierno, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, dictará las
    disposiciones reglamentarias que fueren precisas para el desarrollo y ejecución de esta Ley.
    2. Asimismo, el Gobierno dictará, a propuesta de los Ministros en cada caso competentes, las demás
    disposiciones que resulten necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en esta Ley.
    Tercera. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del
    Estado.
    ANEXO
    Región Eurosiberiana
    Provincia Orocantábrica: Sistemas ligados al bosque atlántico. Provincia Pirenaica: Sistemas ligados a
    formaciones lacustres y rocas de origen plutónico.
    Sistemas ligados a formaciones de erosión y rocas de origen sedimentano. Región Mediterránea:
    Sistemas ligados al bosque mediterráneo.
    Sistemas ligados a formaciones esteparias.
    Sistemas ligados a zonas húmedas continentales.
    Sistemas ligados a zonas húmedas con influencia marina.
    Sistemas ligados a zonas costeras y plataforma continental.
    Sistemas ligados a formaciones ripícolas. Región Macaronésica: Sistemas ligados a la laurisilva.
    Sistemas ligados a procesos volcánicos y vegetación asociada.

    Pubicado admin el día Enero 31st, 2007 Sección Normativas

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